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'Panamá Paper's', el gran debate

2016-08-02

El escándalo que destapó The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), denominado Panamá Paper’s, desde el pasado mes de abril, y que evidenció cómo personalidades políticas, empresarios, deportistas, famosos, entre otros, crean cuentas offshore que facilitan la realización de operaciones financieras ilegales, sigue dando de qué hablar. 

Una doble moral, errores en el negocio, riesgo reputacional, fueron algunas de las preocupaciones que varios especialistas mencionaron en la entrevista que Huella Forense adelantó con panelistas de la 3ra Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD de ACAMS, para contribuir al debate que está abierto y del cual se pueden derivar varios puntos de discusión, desde la óptica política, ética-económica y jurídica. En este informe especial, Huella Forense sintetiza el contenido de este debate multidisciplinario, del cual seguramente saldrán lecciones tanto para los entes de investigación, como para las organizaciones y las entidades públicas. 

La discusión política: El nombre de la investigación

Lo local versus lo global

Si bien la investigación del grupo Mossack Fonseca fue denominada Panama Paper’s por el ICIJ, según esa misma entidad el informe contiene datos de 320.000 entidades offshore que hacen parte de los Panamá Paper’s y de otra investigación de la misma organización, conocida con el nombre de Offshore Leaks. Los datos que allí se incluyen, cubren 40 años antes del 2015  y conecta a personas y compañías en más de 200 países y territorios en el mundo. Según dicho informe, las jurisdicciones con más entidades offshore son: Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Seychelles y Samoa. Por otra parte, los países con más nombres de personas o compañías son las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Suiza, China y Reino Unido. 

Por ello, expertos de auditoría Forense de varios países señalaron que Panamá Paper´s no es un problema relacionado con un solo país, sino que incluye a países de los cinco continentes (ver fuente del mapa),  por lo que el nombre dado a la investigación no fue el más afortunado y resulta preocupante, ya que distrae la atención de un fenómeno de carácter global y lo convierte en local.

Algunos expertos incluso comentaron que de esta forma se desata una discusión sobre si con este señalamiento directo a un país latinoamericano, que no tiene el poder de decisión frente a las regulaciones que dictan los países con poder económico, medidas que ni siquiera estos han empezado a aplicar, está implícito un problema de miopía, intencionada o no, que afecta la comunicación de la información.

Según Claudia Álvarez Troncoso, abogada con experiencia en el tema de prevención de lavado de activos, riesgo operacional en temas de gobierno corporativo y de cumplimiento regulatorio, quien hoy es vicepresidente de cumplimiento de banca internacional de All Financial Group, el hecho de haber dado la denominación de Papeles de Panamá, distrae la atención de lo fundamental y deja varios aspectos importantes por fuera de la discusión, sobre todo cuando se encuentra que Panamá no es el único país señalado y que existen varios países involucrados en el mundo. 

“La primera parte de este informe lo que tiene es un enfoque a una oficina de abogados:  Mossack Fonseca. Tal vez el hecho de que Fonseca tenga su oficina principal en Panamá haya causado que le pusieran el nombre de Panamá Paper’s, pero no me parece que ese sea el nombre correcto. Faltó responsabilidad al sacar el informe y al ponerle el nombre de una jurisdicción (país) muy a la ligera, cuando esta ha venido haciendo esfuerzos en términos de normatividad. Creo que se vislumbra más una situación de querer enlodar el nombre a una jurisdicción, antes que ser responsable y sacar datos”, señaló.

Por su parte, Jenny Andrade, que ha trabajado durante 20 años en el sector financiero en Ecuador y que dirige la firma asesora de riesgos y auditoría Arasco, concuerda con Álvarez y agrega que cerca de un 80 por ciento de estas empresas offshore se encuentran regadas por el mundo, mientras un 20 por ciento están en Panamá, por lo que el nombre no fue el más adecuado. 

Marisol Sierra, vicepresidente de Gobierno Corporativo y Cumplimiento de Metrobank S. A. Panamá, también señaló como una injusticia lo que sucede con Panamá y la ligereza con la que se le puso el nombre a la investigación viendo todos los esfuerzos que ha hecho ese país por hacer un gran cambio en sus normas. 

“Déjenme decirlo porque me envenena… nos han llamado Panamá Papper’s cuando es un sector… y debería ser Mossack Papper’s. Amo mi país y lo defiendo porque se ha involucrado en luchar para hacer un cambio de 360 grados en lo que es normativa tanto represiva como preventiva”, subrayó Sierra. 

Sin embargo, de acuerdo con Claudia Álvarez, si al principio el impacto del informe hecho por el ICIJ se sintió solo en Panamá, poco a poco se empiezan a ver cuáles son las otras jurisdicciones que hacen falta por asumir sus compromisos.  Aunque aclara que es importante saber que el hecho de tener una empresa offshore no es ilegal, “lo que sí es ilegal es el uso que se les dé a esas sociedades como: lavar dinero, que estén al servicio del crimen organizado y querer utilizar esas estructuras jurídicas para esconder esos dineros”.

A pesar de esto, Marcos García Rey, periodista español que participa de la investigación del ICIJ, explicó que para el Consorcio lo más importante es atacar un problema sistémico y de corrupción que afecta la estructura económica mundial. 

“Más allá de los nombres, lo que es cierto es que hemos atacado de raíz un problema sistémico, un problema de corrupción que afecta la estructura económica mundial. Y evidentemente eso tendrá unas repercusiones tanto legislativas como políticas, pero creo que todavía es un poco pronto para apreciar en su conjunto el impacto. Insisto, más allá de posibles dimisiones como ha ocurrido en España en donde ha renunciado el Ministro de Industria ni más ni menos”, sentenció.

García precisó que evidentemente la investigación periodística ha provocado pequeños terremotos en todas las haciendas públicas, fiscalías de los países señalados. Contrario a lo que argumentan los expertos, varios países se están moviendo para enfrentar el escándalo. No solo Panamá se ha visto inmerso. 

“Conozco varios ejemplos en donde las fiscalías anticorrupción o las fiscalías nacionales generales están actuando y eso va a tener una repercusión en lo que será demandas y querellas judiciales. Pero es demasiado pronto para ver cuántos juicios, tanto por la vía administrativa como por la vía penal, se están abriendo en todo el mundo. Hay que dejar trabajar ahora a las fiscalías, a las haciendas públicas de cada país hasta que estos organismos sean capaces de armar querellas o demandas contra aquellos que han vulnerado la legislación vigente”, señaló el periodista.

¿Dónde quedan los esfuerzos normativos realizados por Panamá?

De acuerdo con los expertos, vincular una investigación de talla trasnacional a un solo país, no solo tiene el efecto de minimizar un problema global, sino que también genera un estigma innecesario a Panamá, quien durante mucho tiempo ha hecho ingentes esfuerzos por fortalecer su legislación en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo (AL/FT), acciones que se ven opacadas con este gran escándalo.

De acuerdo con Claudia Álvarez, Panamá desde el 2015 viene realizando algunos cambios para salir de la lista negra internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que entre los años 2014 y 2015 dicho país se abocó a actualizar y modificar sus leyes y sus regulaciones con el tema de prevención de lavado de activos a un estándar exigido por el GAFI.

“Tienen la ley, se demoraron un año largo para tener sus regulaciones y salir de la lista gris del GAFI. No fue fácil, se vieron muy afectados. Pero cumplieron con ese proceso porque existe, desde hace muchos años, un sistema de registro público donde cualquiera puede encontrar cuáles son las empresas registradas, quiénes son sus directores, así como el beneficiario final. Y esa consulta la puedes hacer no solo físicamente sino por la página del registro público, y es gratis. ¿Qué otras jurisdicciones a nivel internacional pueden decir que también tienen un sistema así?”, señaló Álvarez. 

Además, Álvarez explicó que, por ejemplo, ir a otras jurisdicciones o países para intentar buscar información en su página web sobre quién es el beneficiario final de una empresa o quiénes son sus directores, no es fácil o no está disponible.

De esta manera, los expertos plantean varias inquietudes sobre: “¿quiénes son los países verdaderamente transparentes?, ¿dónde queda esa transparencia que están exigiendo y si ellos cuentan con la calidad de exigírselas a los demás?”, sobre todo cuando muchos no tienen implementadas por completo todas aquellas normas que exigen, cuestionó Álvarez.

Materialización de un fuerte riesgo reputacional

Otro punto que debe ponerse sobre la mesa, según Jenny Andrade, es el riesgo reputacional y de imagen que corre el país tras la publicación del informe, perjudicando así a una jurisdicción que ha modificado su legislación frente a otros que no lo han hecho. “Lamentablemente este tema perjudica a Panamá en términos de imagen, corre un riesgo porque la sede de la casa matriz de Mossack Fonseca está en Panamá, pero no es Panamá Paper's, es Mossack Fonseca Paper’s”, recordó Andrade.  

Juan Carlos Vélez, oficial de cumplimiento de Bancolombia para Latinoamérica, agregó por su parte que en este momento se está cometiendo una injusticia con Panamá, y señala que se deben mirar aspectos que señalan la existencia de empresas que fueron constituidas en 1927, documentos que datan desde los años 1978 y 1983, épocas en las que ni siquiera se empezaba a regular en la materia. 

“Tengo elementos para defender a Panamá, es una injusticia lo que está sucediendo (…) Tengo soportes para decir que el panameño trabaja bien, cumple con las normas. Y pregunto ¿con qué criterio voy a decir que Panamá no está cumpliendo con los procedimientos de debida diligencia para la apertura de sociedades offshore y para la vinculación clientes PEP (Persona Políticamente Expuesta), cuando en dichos años no existía ni siquiera la política de conocimiento del cliente, no existían los procedimientos de debida diligencia ampliada para este tipo de productos. Hay que tener mucho cuidado con eso…”, comentó Vélez, quien además aclaró que no tiene elementos ni motivaciones para juzgar o defender a Mossack Fonseca, pues desconoce su gestión.

El riesgo reputacional, de acuerdo con los expertos, pone en la mira a este país latinoamericano por encima de otros en los que también existen oficinas y personas que aparentemente tienen cuentas o empresas offshore. Esto a pesar de que el ICIJ ha realizado otros informes especiales relacionados con la figura offshore como:  Swiss Leaks, Luxemburgo Leaks, la Lista Falciani, People’s Republic of offshore, que habla de China, y Secrecy for sale, en donde señala al Reino Unido.  

¿En el fondo, un problema de poder?

Álvarez pone en evidencia con este caso la doble moral del  primer mundo frente al señalamiento que hace cuando se trata de Latinoamérica. Se vislumbra así, por ejemplo, cómo aquellos países, que son los que componen el grupo que traza las grandes medidas y cambian la forma en que se actúa en el mundo, están muy quedados en temas de aplicación de la legislación que ellos exigen.

“Del lado de Latinoamérica se siente que hay una doble moral al querer presionar aún más a aquellos países que tal vez por razones geográficas o por coyunturas económicas no son los que componen el grupo de los grandes países que dictan esas grandes medidas. Por ejemplo, vemos una Europa que no tiene todavía registros mercantiles totalmente transparentes. Se supone que es la cuarta directiva, y eso es lo que manda, pero lo manda que a partir del 2017 comiencen a hacerlo. A Panamá también la tuvieron en la mira porque su ley sobre custodia de acciones al portador no iba a ser inmediata, sino escalonada. Por lo que tuvieron que volver a revisar la ley para que no fuera escalonada desde el 2018, sino inmediata, desde el 31 de diciembre del 2015. Pero Europa tiene hasta el 2017, y en Estados Unidos acciones al portador todavía existen”, explicó Álvarez. 

Antes de que se publicara el informe que puso en la mira a este país, el gobierno panameño había anunciado en febrero por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores su intención de desarrollar “su propio modelo de intercambio de información, que se basará en condiciones de reciprocidad,  protección de las garantías básicas de los usuarios de la plataforma de servicios panameña; convenios fiscales con base en relevancia y beneficio mutuo y  existencia de marco legal que proteja la confidencialidad y asegure que la información sea utilizada de manera apropiada, así como en la política impulsada por Estados Unidos a través de FATCA”.

Dicho anuncio se realizó antes de la reunión de ministros de finanzas del G20, que se llevó a cabo entre el 26 y 27 de febrero en Shanghai. La viceministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Farah Diva Urrutia, fue la encargada de hacerlo en una reunión con los embajadores de los países miembros del G20 acreditados en Panamá y en donde también señaló los esfuerzos que venía haciendo la República de Panamá en favor de la transparencia fiscal, según la página web del ministerio panameño

Por su parte, Jenny Andrade señaló que hablando de paraísos fiscales o financieros existen lugares en el mundo, como Florida, Suiza, Irlanda, etc, en donde todavía hay mucho que indagar. 

Finalmente, Álvarez defendió al país y agregó que Panamá no está considerada desde el 2011 como paraíso fiscal. “Panamá tiene también acuerdos bilaterales con otros países para intercambio de información. Panamá se paga sus impuestos, las empresas que hacen operaciones allí y que están en el país pagan sus impuestos. Y aquellas que hayan constituido sus empresas en Panamá, y que luego tengan operaciones fuera del país pagan un impuesto fijo que es el impuesto de la anualidad”, señaló Claudia Álvarez Troncoso.  
Mientras, otros expertos cuestionaron si este es un intento para presionar a Panamá a ajustarse a las normas internacionales como las vienen dictando los países con poder de decisión e intervenir en la forma en que este plantea que se ajustará a las normas internacionales que otros imponen. Frente a esto la discusión está abierta. 

El debate ético: 

¿Una subestimación del riesgo cuando hay beneficios económicos de por medio?

Más allá del nombre de la investigación, el debate abierto por los Panama Paper’s también toca aspectos relacionados con el espacio que hay para la ética en un contexto, de al parecer, capitalismo voraz. ¿Hasta qué punto hay flexibilidad ética y operativa y se apela a varios argumentos para justificar acciones cuando los rendimientos de las operaciones son jugosos?

Andrade, en este sentido, señaló que tal vez hubo ligereza en la valoración de riesgos de la oficina Mossack Fonseca al crear empresas offshore para sus clientes: “si uno está en una actividad y no conoce el riesgo, es mejor no entrar en ese riesgo. Mossack Fonseca está en Florida, Ecuador, Perú, en todo el mundo. Su visión fue generar empresas, hacer negocios, tener ingresos, pero no midieron el riesgo”, explicó Andrade.

Debido a una aparente deficiente valoración y gestión de riesgos, la oficina Mossack Fonseca enfrenta a nivel mundial investigaciones por sus actuaciones. Solo en Nevada, Estados Unidos, según informó la página del ICIJ, la firma panameña ha renunciado a más de 1.000 empresas, ha pagado una multa al estado y también anunció el cierre de tres de sus oficinas internacionales en Gibraltar, Jersey e Isla de Man. Además, renunció a 24 empresas en Wyoming.

La multa de unos 10.000 dólares obedeció, de acuerdo a la nota en la página del ICIJ, a que la oficina no protegió los registros requeridos y los datos de contacto de sus clientes; pero no se dio siquiera al hecho de haber abierto cuentas offshore usadas presuntamente para lavar dinero o al servicio de la delincuencia, una suposición que será difícil de comprobar y que le corresponde a cada uno de los países involucrados.

Por su parte, Antonio Jenkins, máster en finanzas y presidente de Jenkins-Lara Consulting  una firma de consultoría multicultural ubicada en los EE.UU. con oficinas en Panamá y que se especializa en administración de riesgos, entre otros-, señaló que todavía hay mucha tela por cortar en Panamá. 

“En Panamá me he limitado a mantenerme distante de las autoridades, pero si uno suma dos y dos, para que alguien ponga un lugar de almacenaje donde se cobra a 3 mil dólares el metro cuadrado no puedes almacenar muebles fijos (…) ¿cómo es que las autoridades no los investigan? No quiero ni hablar de la tradicional boutique que nunca cambia los vestidos, o de las peluquerías que pagan sumas exorbitantes por los arriendos, por ejemplo”, reveló Jenkins.  

De acuerdo con este experto, que ha apoyado operaciones especiales con el gobierno de los Estado Unidos y sus fuerzas militares, existen ciertos patrones en Panamá que podrían llevar a las autoridades a identificar qué son esas entidades, si son fachadas o empresas que están dentro de la legalidad. 

“Lo más seguro es que hoy en día ese dinero que ha llegado a Panamá sea del narcotráfico… ¿Cómo cambió la dinámica de la logística del narcotráfico?  antes iban directamente a Florida en el 95, ahora no. Por aquello del Plan Colombia, la droga viene de Colombia se entrega en Panamá y allí la recogen y pagan; incluso cada grupo tiene un representante de una pandilla local.  Hoy en día se ve mucho más la logística y eso se ve reflejado en el aumento de la criminalidad en Panamá, algo que antes no se veía”, recalcó Jenkins. 

Según ese experto, Panamá, al parecer, ha facilitado la entrada de esos capitales fraudulentos y la expedición de los documentos para que la gente se quede, y sobre todo de personas que no tienen divisas para ingresar a los Estados Unidos.  “Ese flujo de personas con mucho dinero ha llegado y ha creado una disrupción en el sistema económico porque algo que costaba 60 dólares el metro cuadrado ahora cuesta 3 mil dólares o más”, agregó. 

Y sentenció que esta situación está afectando la economía del país y llevándola a que esté a cortos pasos de lo que es hoy México y lo que fue Colombia hace unos años en temas de narcotráfico. “Vamos con pasos firmes hacia allá. Sí, es cierto que todos los días escuchamos que hay allanamientos, pero no sabemos si es producto de una investigación o de alguien que se volteó… tampoco se sabe si verdaderamente se está quemando esa droga”. 

Incluso, cuestionó el origen de la droga hoy en día, la cocaína por ejemplo, pues según advierte por mucha que se produzca entre tres países latinoamericanos el mercado sigue siendo muy grande. “Es constante el envío semanal de cocaína. Pero no es solo un mercado… también están mandando para Europa, etc. Entonces, ¿qué tanto producen y quiénes están produciendo?”, increpó. 

Ante esta situación, y como panameño, señaló que se deben empezar a tomar medidas enérgicas de tipo proactivo y reactivo. “Los mismos canales se están utilizando para transportar la droga, y aparentemente hay evidencia de que se están infiltrando terroristas”, dijo. 

El debate jurídico

Los alcances de la confidencialidad de la información

Marcos García, periodista del ICIJ, también señala que si bien se plantean los problemas éticos en un segundo plano, pues “todo lo que sea ilegal plantea un problema ético”, el problema fundamental en discusión es el legal.

“Hay gente que dice que la creación de sociedades offshore es legal o que no es ilegal. Yo digo, vale, estamos de acuerdo en que la creación de sociedades offshore es un acto legal pero lo que no es legal es el para qué se utilizan esas sociedades, porque lo que uno hace en esas sociedades es mover capital que la mayoría de las veces proviene de actividades no lícitas o para evadir impuestos. Con lo cual reitero el problema no es si es ético o no, el problema es de legalidad”, apuntó García. 

Por otro lado, Álvarez señala la forma en la que se obtuvo la información y si esta fue legítima o no. “Se plantea la discusión acerca de que, si esto es una filtración, cómo se obtuvo esa información, teniendo en cuenta que era una información privada perteneciente a unas oficinas de abogados, que siguen una serie de leyes y regulaciones en el tema de privacidad abogado-cliente. Información privada que se ha hecho pública, un hecho que sería también por ende ilegal. Pero en el informe se les dice a los demás que esta oficina está haciendo algo ilegal”, cuestionó.

Como se mencionó anteriormente, ya la firma de abogados Mossack Fonseca enfrenta procesos por haber permitido la fuga de esa información y por ello solo en Estados Unidos ya tiene una multa de unos 10.000 dólares. Mientras tanto, en Suiza, la oficina ordenó iniciar una investigación sobre las filtraciones, por ello, de acuerdo con la ICIJ, un especialista en informática de la oficina Mossack Fonsea fue detenido por sospecha de robo de datos.

“El periódico alemán socio del  ICIJ, Süddeutsche Zeitung, declaró por su pare que el detenido no fue el origen de la fuga que dio origen a los Papeles de Panamá. Y un informe del medio suizo, socio también del ICIJ, Le Matin, dijo que los alegatos se refieren a los datos que se transfieren después de que se publicó la investigación.  El acusado por ahora ha negado los cargos”, según informó el ICIJ en su página oficial.

Las investigaciones se adelantan desde todos los frentes, uno contra los aparentes defraudadores y contra los culpables de la filtración, entre otros. Edwin Martínez, auditor forense de Global Forensic Auditing (GFA) explicó, que por ejemplo, en estos casos la ley colombiana contempla que uno “puede, de acuerdo al secreto profesional, omitir ciertas cosas y la ley cobija que si se omite por el secreto profesional no se va a tener ninguna imputación penal. Además, existe una presunción de buena fe al proteger la información del cliente”.

Pero señaló que existe el derecho a denunciar que, aunque se está cobijado y no va a pasar nada si se hace, obliga a poner en una balanza qué se denuncia y qué no. “El tema tiene que ver más con ética profesional”. 

Así se estipula en la sentencia C-301/12 de la Corte Constitucional en donde define el secreto profesional: “La Corte Constitucional ha definido el secreto profesional como: “la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad”. En este sentido, el secreto profesional es un derecho – deber del profesional, pues “de verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento”.  

Además, en el caso colombiano, según se señala en dicha sentencia el secreto profesional en el país es inviolable “por expresa disposición del artículo 74 de la Constitución Política”.  Pero al respecto también la Corte Constitucional subraya que: “Como en el caso del derecho a la vida, en el del secreto profesional la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un derecho rotulado “inviolable”. Esa calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional, determina que no sea siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o abstenerse de hacerlo. Está obligado a guardarlo”.

Sin embargo, de acuerdo con el documento, para cada profesión se especifican sus condiciones y por ejemplo en materia jurídica, la Corte Constitucional “ha señalado que el secreto profesional tiene un alcance especial pues puede afectar también el derecho a la defensa, por lo cual ha manifestado que la inviolabilidad de las comunicaciones es acentuadamente notable en la comunicación del abogado con su representado, por ello su interceptación ilegal debe ser fuertemente sancionada”. Incluso explica algunas excepciones y señala una “exclusión cuando se obra para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. 

Por otro lado, el secreto bancario tiene un gran pero y aplica, de acuerdo a esta sentencia, en algunos eventos que tienen consideraciones especiales, y especifica que el secreto bancario no es aplicable en:  “en asuntos tales como la lucha contra el tráfico y la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico y las infracciones cambiarias, así como el control a las entidades bancarias y financieras, la investigación acerca de ciertos fenómenos financieros dentro del ámbito estatal y el régimen disciplinario de aduanas”. 

En el caso de Panamá Paper’s, cada país sigue su propia normatividad, por lo que no siempre aplica esta visión sobre el secreto profesional. Y según Martínez, por eso también se plantea el problema del por qué algunas personas tuvieron acceso a información confidencial de la oficina de abogados. 

La cadena de custodia

Algunos expertos cuestionaron la forma en que se publicó la información y si esta todavía sirve como prueba dentro de un proceso judicial. Según la página del ICIJ, existen usos legítimos para las compañías offshore y que a través de esta base de datos que publicaron “no intentaron sugerir o señalar que cualquier persona, compañía u otra entidad incluida en la base de datos de Offshore Leaks ha quebrantado la ley o actuado de forma inapropiada”. Y aclara que lo que hicieron fue publicar la lista de las compañías para que cada país y ente fiscal local investigue. Proporcionaron las pruebas bajo una presunción de que puede haber o no ilegalidad dentro de esas cuentas offshore hechas públicas. 

Jenny Andrade, también recordó que todavía hay muchos países que son considerados paraísos fiscales y sobre los que hay mucho que indagar.  “El hecho es que no se ha descubierto aún y mientras no salga a la luz la información pues simplemente los jueces no tienen motivos de evidencia para sancionar. En términos de auditoría forense la evidencia es sumamente importante, el profesional competente es quien debe proporcionar esas pruebas al juez para que en función de esas pruebas este juzgue, si no hay evidencia no se puede hacer mucho. Además, si no se tiene en cuenta el tema de auditoría forense pues no se puede avanzar”, agregó Jenny Andrade.

Y aunque otros expertos señalaron que este informe como prueba podría echarse a perder en un juicio y haberse desperdiciado de esta forma, Marcos García, periodista de la ICIJ, agrega que la información publicada pasó por filtros muy estrictos y señaló que “estamos muy seguros de lo que publicamos porque los filtros de calidad que seguimos son varios y la documentación que manejamos es veraz y por tanto la información que publicamos es veraz, no tenemos miedo con perder juicos”. 

El debate económico: No es solo el sector financiero

En evidencia ha quedado incluso, de acuerdo con los expertos, que existen otros sectores, diferentes al financiero, que no han asumido el compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, por lo que estos señalan que es perentorio que asuman su parte. 

A pesar del escándalo, señaló Álvarez, este sería un buen escenario para demostrar el progreso que se ha venido realizando en Panamá y lo que existía antes de tener salir de la lista gris. “Panamá es el único país donde los sujetos obligados no financieros tienen sus debilidades. Creo que más que todo los sujetos no financieros en todos los países están abocados a estar más regulados, a tener mejor supervisión y a cumplir con el compromiso de asumir el tema de prevención de lavado de activos y de crimen organizado de una manera responsable”, dijo. 

Para finalizar, Adriana Patricia Gómez, abogada y candidata a Doctora en Derecho que actualmente se desempeña como gerente de cumplimiento en Colfondos, entidad del Grupo Scotiabank, ya había señalado, en una anterior entrevista con Huella Forense, que hoy en día no está estandarizada la administración de los riesgos, salvo el riesgo de lavado de activos, en parte, y que todavía hace falta que se implementen herramientas que permitan obtener información suficiente sobre las personas en general para ello. 

“En cuanto al acceso a información o bases de datos con las que se cuenta generalmente (frente al trabajo del oficial de cumplimiento) son internacionales y no contienen información suficiente sobre los temas o personas propias al país (información puntual sobre colombianos)”, explicó Gómez.

Por ahora, este informe de escala mundial sigue dando de qué hablar y lo hará por bastante tiempo, incluso en países donde se realizaron señalamientos, pues todavía falta que salgan a la luz investigaciones adicionales, de acuerdo con Marcos García, periodista del ICIJ. Un punto que se e abona al escándalo, es que se ha abierto un gran debate, sobre todo en el área de auditoría forense, un tema sobre el que Huella Forense hará seguimiento. 

 

Redacción Huella Forense

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