Cargando...

Sarlaft para las entidades públicas podría ser una realidad

2017-01-25

Así se lo reveló el secretario de transparencia Camilo Alberto Enciso Vanegas* a Huella Forense. El funcionario también manifestó su visión frente al fenómeno de la corrupción en el país y las labores que han adelantado las instituciones para tratar de frenarla. 

Aunque hoy en día no existe un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -Sarlaft- para el sector público, el Secretario de Transparencia le contó a Huella Forense que es una idea que sí se ha discutido junto a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Sin embargo, sobre los avances de este posible cambio que revolucionaría sin duda la gestión de las instituciones públicas, todavía no dio a conocer detalles, pero sí reveló que se espera “tomar decisiones al respecto dentro de poco tiempo”.

Enciso también le contó a este medio que dentro de las labores de actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), que busca entre otras cosas que las entidades sean más transparentes, se inició el levantamiento de un diagnóstico junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, y señaló, además que se han dado  a la tarea de lograr la certificación de auditoría forense a los jefes de control interno de varias entidades. 

“Sin embargo, falta mucho todavía. En muchas entidades la debilidad del personal para cumplir el trabajo es manifiesta… Para detectar la corrupción, se requiere un equipo especializado y formado en estas labores”, agregó Enciso. 

El funcionario también habló sobre la corrupción en el país, la nuevas normas, decretos y leyes que vienen para continuar en esta lucha y las políticas de socialización de resultados, entre otros. 

*Secretario de transparencia, Camilo Enciso. Foto tomada de la página de la Secretaría de Transparencia

Huella Forense: De acuerdo a las investigaciones realizadas por el gobierno y a las estadísticas oficiales, ¿Cuáles son las cifras de la corrupción en Colombia y cómo han evolucionado éstas en los últimos años? ¿Cuáles son los principales detonantes (o facilitadores) de la corrupción?

Camilo Alberto Enciso Vanegas, secretario de transparencia: Desde la expedición del Estatuto Anticorrupción en 2011 las sanciones por corrupción han aumentado, llegando a cerca de 1.800 condenas en 5 años. Uno de los problemas, sin embargo, es que las condenas son débiles. Solo el 25 por ciento de la gente va a la cárcel y otro 25 por ciento tiene casa por cárcel. Vamos a acabar esos privilegios, empezando por el de allanamiento a cargos y la detención domiciliaria.

Los escándalos de corrupción documentados por los medios, se han multiplicado en los últimos meses, no sólo en Colombia, sino también en el mundo ¿A qué se debe esto?

No creo que sea posible saber si hay más o menos corrupción. Lo que creo es que cada vez está más expuesta y la gente denuncia más. También creo que la corrupción se ha globalizado y que requiere un mayor esfuerzo colectivo de todos los países para combatirla.

¿El caso de Odebrecht se podría haber evitado?

Es difícil saber. La corrupción es cada vez más sofisticada. Tal vez si tuviéramos mejores sistemas de alarmas de orden global y los paraísos fiscales tuvieran una mayor presión de la comunidad internacional, los pagos de los sobornos que se hicieron en el exterior hubieran podido detectarse antes. (Ver declaraciones del secretario Enciso sobre el caso Odebrecht)

¿Cuántos otros Odebrecht pueden haber ocurrido en el país? ¿Tiene el gobierno investigaciones en curso o se han radicado denuncias sobre estos hechos en el país?

Esto está en el plano de la especulación. Pero casos como el de los Nule muestran que este tipo de prácticas son más comunes de lo que uno quisiera.
En cualquier caso, el Gobierno hace esfuerzos inmensos, día tras día, para blindar el sector infraestructura de malas prácticas.

Hemos firmado pactos de integridad con más de 200 mandatarios locales, creamos el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel, creamos el Premio Nacional de Interventorías, que ya va para su cuarta edición, entre otras iniciativas.

En cuanto a las investigaciones, sí. Hemos puesto varias denuncias en manos de las autoridades.

El escándalo de corrupción de la Contraloría de Bogotá, evidencia que las entidades de control también se han visto afectadas por la corrupción.
¿En qué medida las firmas externas de auditoría forense, pueden ser un apoyo para que el gobierno pueda reforzar sus esquemas de lucha contra la corrupción en los diferentes entes públicos?

Las auditorías externas e independientes pueden ayudar mucho. Tenemos que encontrar una manera de promoverlas. Estamos abiertos a todas las ideas.

Hace poco en España se publicó una radiografía de la corrupción. ¿Tiene el gobierno estadísticas o el listado de las personas que han sido investigadas, juzgadas y condenadas por casos de corrupción en los últimos años en Colombia? ¿O nos puede indicar si existe alguna información de este tipo y en donde se puede consultar?

Esa información ha sido recolectada, analizada y publicada por el Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia. Está disponible en la página web www.anticorrupcion.gov.co

¿De qué manera y a través de qué mecanismos legales, procedimentales, institucionales, instrumentales (metodologías, herramientas técnicas y tecnológicas etc), se está blindando el gobierno para frenar este fenómeno que atenta contra la legitimidad y la gobernabilidad? 

Empezaremos por reformar el régimen de compras públicas. El 23 de enero expedimos un decreto que reforma (Lanzamiento de la reforma) la contratación con entidades sin ánimo de lucro, que estaban siendo usadas para esquilmar al Estado.

También estamos fortaleciendo el SECOP y el Portal de Transparencia Fiscal del Estado, para que refleje las inversiones del postconflicto. En febrero lanzaremos el Portal de Integridad Empresarial.

También tenemos un paquete legislativo ambicioso: ley de protección de denunciantes, ley de beneficiarios reales, ley de cabildeo y estatuto de probidad.

La ley de transparencia (1712 de 2014) ya debe estar funcionando en todo el sector público y, sabemos, su implementación ha generado importantes erogaciones para cubrir los requerimientos en cuanto a organización, sistematización y publicación de la información ¿Qué tan eficiente ha sido esta ley para garantizar el acceso a la información, la transparencia de las entidades y el control de la corrupción? ¿Se tienen estadísticas en cuanto al impacto de esta ley y el cumplimiento que dan las entidades a la misma?

En 2016 capacitamos más de 16 mil funcionarios en la Ley. Ha sido un esfuerzo enorme. Las entidades del Gobierno Nacional están cumpliendo. Falta mayor cumplimiento en el nivel territorial, así como por parte de los partidos políticos, colegios, universidad y especialmente los fondos parafiscales.
Hemos visto que la gente consulta poco la información que se publica. El reto para este año es descifrar cómo mejorar la presentación de la información que le damos a los ciudadanos, y cómo impulsar a éstos últimos a revisarla y usarla.

Colombia expidió el año pasado una ley para frenar el soborno transnacional. Teniendo en cuenta los hechos de corrupción conocidos últimamente, ¿qué tan efectiva puede ser esta ley para evitar la materialización de hechos internacionales de corrupción? ¿Qué le hace falta a esta ley y de qué manera el gobierno va a cubrir estos vacíos?

La Ley que tenemos cumple los más altos estándares internacionales. Cualquier soborno que haya ocurrido después del 2 de febrero de 2016 puede ser investigado bajo la ley, y permite imponer multas de hasta 40 millones de dólares.

Creo que a la ley sí le faltó algo: precisar cómo aplicar las inhabilidades sobrevinientes por casos de corrupción para las empresas. Ya estamos diseñando esas normas para resolver el vacío. También creo que podría reformarse para que las multas puedan ser aún mayores, dependiendo de la magnitud del acto ilegal o de los recursos en juego.

Para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el sector privado existe la figura del oficial de cumplimiento. ¿Ha previsto el gobierno crear una figura similar, tanto para el sector público como para el sector privado, para prevenir, detectar e investigar la corrupción?

Las entidades públicas cuentan con los jefes de control interno. En el nivel nacional, los jefes de control interno tienen el deber de reportar a la Secretaría de Transparencia cualquier acto de corrupción del que tienen conocimiento.

Sabemos que la Secretaría de Transparencia ha sostenido reuniones con la OECD sobre el tema anticorrupción. ¿Qué se ha concluido de estas reuniones y qué iniciativas hay en curso como resultado de este diálogo?

El Grupo Antisoborno de la OECD considera que la normativa antisoborno que ha impulsado el Gobierno cumple los más altos estándares. El Grupo de Buen Gobierno nos ha expresado su interés en que continuemos con los esfuerzos por mejorar la articulación interinstitucional en la lucha contra la corrupción.

La OECD también ha recomendado algunas reformas, incluyendo la participación permanente del Secretario de Transparencia en el Consejo de Ministros, a lo cual el Presidente accedió hace dos semanas.

En caso de que un ciudadano tenga conocimiento de actos de corrupción, ¿cómo y ante quién debe adelantar las denuncias?

Puede denunciar en el correo transparencia@presidencia.gov.co

 

Redacción Huella Forense 

?Twitter @HuellaForense

Síguenos en: