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Se prepara actualización al Modelo estándar de control interno (MECI), en Colombia

2016-11-25

La última modificación del modelo estándar, que de forma unificada permite medir y ejercer control en las entidades estatales, se realizó en el 2014, y se espera que una nueva salga en el 2017.

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) fue creado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el 2005. Se buscaba de esta forma el crear un esquema general para poder realizar, en el interior de las entidades, la implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de control interno de las mismas. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública -entidad técnica que está al nivel de un ministerio y es la encargada de liderar las políticas en materia de empleo público en todas las entidades del estado, estructuras organizacionales, control interno, calidad, incentivos a la gestión y las políticas de desarrollo administrativo-, viendo la necesidad de que de forma unificada se pudiera medir y ejercer el control en las entidades, le apostó a la implementación del MECI.

 (Gráfico)

El MECI pretende que “haya un esquema general para poder realizar en el interior de las entidades la implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de control interno en las entidades públicas”, explicó María del Pilar García, Directora de Gestión y Desempeño Institucional del DAFP.

Aunque en el 2014 se realizó una actualización al modelo, recientemente el DAFP inició un nuevo proceso de actualización del modelo, tema sobre el que García habló para Huella Forense señalando lo que les espera a las entidades con las modificaciones que se proyectan estén listas el otro año.

Huella Forense: ¿A qué entidades va dirigido el MECI?

María del Pilar García: El MECI aplica a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, ministerios, departamentos administrativos y entidades vinculadas, a todas las empresas industriales y comerciales que tengan más del 90 por ciento del capital del estado, establecimientos públicos, gobernaciones y alcaldías. Aplica a otras ramas del poder público como la Rama Legislativa, Rama Judicial y órganos autónomos e independientes. En general, a todas las entidades estatales. El MECI es el mecanismo que deben aplicar las entidades estatales para lograr que se establezcan los controles indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de los parámetros de ley.

¿Cómo funciona el MECI?

El MECI se basa en el Modelo COSO que fue adaptado para la realidad colombiana en el año 2005 (año en que se publica la primera versión). Este modelo busca que desde la alta dirección se establezcan los compromisos de controles, indicadores y seguimientos que deban aprobarse en las entidades para ser implementados por cada uno de los servidores de la entidad. Se basa en tres principios: autocontrol, autorregulación y autoevaluación por parte de las entidades.

¿Hay modelos similares al MECI en otros países?

En Paraguay sacaron un modelo similar al nuestro, y lo tomaron como referente y entendemos que lo están revisando para actualización. En Perú, están analizando la implementación general de la política de control interno que nosotros realizamos.

¿El MECI ha sido objeto de actualizaciones en Colombia?

Se actualizó en el 2014 con la finalidad de hacerlo más simple. 

¿Qué logros y retos se derivaron de esas modificaciones del 2014? 

Que ya el lenguaje de controles, riesgos e indicadores no es ajeno a la administración pública. Creo que eso es un valor agregado que le ha dado el modelo estándar al estado colombiano. Obviamente, como todo modelo, tiene que evolucionar y tiene que avanzar para que realmente impacte mucho más.

Creo que el modelo estándar ha dejado muchas cosas buenas a las entidades, sobre todo porque en estas ya hablan de procesos y ya tienen claro cuáles son los mínimos que deben aplicar. Están organizados de una forma más estructurada en estos temas de gestión. Nos toca ir avanzando para que estos modelos de gestión y control se integren y tengan una sola mirada.

(…) Específicamente a nivel territorial se pretende dar varios plazos para que se pueda dar su implementación, pues en dicho nivel es más difícil su aplicación (…) Creería que a pesar de que existen las disposiciones legales, aún no se ha logrado en su totalidad su desarrollo. Por eso, en el 2014 se trata de simplificar y hacer un poco más sencillo y accesible el modelo, pensando en las entidades a nivel territorial.

(…) Desde hace varios años hemos venido haciendo un seguimiento a la implementación del modelo, tenemos la encuesta MECI de la que sale un informe de control interno para la presidencia de la república. Esto nos ha permitido determinar unos niveles de madurez en las entidades en el avance de la implementación. Esa medición también va a evolucionar con el nuevo modelo integrado que queremos establecer (2017) para llegar a determinar si las entidades están produciendo o no esos resultados de más impacto para la administración.

¿Por qué ha resultado compleja su aplicación?

Todo modelo es complejo de aplicar y este porque tiene la cobertura nacional y la diversidad territorial. Adicionalmente, cada cuatro años hay cambio en la administración y cambio del personal, y nuevamente se reinicia su aplicación en muchos aspectos que componen el modelo para generar la concientización de los líderes que llegan.

¿Qué vemos en el modelo? que se ha fortalecido el tema del control independiente, se ha establecido el lenguaje de riesgos y de lo que queremos en las entidades del estado.

Con la versión del 2014 se pretendía que se pudieran gestionar más fácilmente, pasar realmente a la posibilidad de gestionar y a que la administración lo viera como una herramienta de gestión, de control.

En términos tecnológicos de capacidad ¿se cuenta con el personal y el recurso necesario para aplicar el modelo?

Esa es una de las grandes limitantes que se encuentran a nivel territorial. Tenemos municipios grandes o ciudades grandes que son las que más impactan, pero la realidad del 90 por ciento de los municipios es que no tienen ni las competencias, ni las capacidades del personal para poder desarrollar el MECI, no solo en este tema sino en general. Esa es una problemática que tiene el país y una de las grandes preocupaciones, y se están haciendo grandes debates para potencializar y desarrollar las capacidades de los municipios. Lo que queremos es que este modelo sirva de apoyo para que apalanque un poco la gestión de las entidades. Hay que trabajar mucho.

¿Han logrado la implementación de forma satisfactoria del modelo?

Creo que nos hace falta mucho, tenemos que fortalecer. Se debe establecer que realmente los riegos que se evalúen sean los pertinentes, que los indicadores apunten a los objetivos institucionales de las entidades y a las metas que se hayan propuesto.

Ahora se busca pasar de la implementación a la gestión misma del modelo, ya que nos habíamos quedado en determinar, por ejemplo, si las entidades cuentan con políticas de talento humano, si tienen un manual de ética, si se tienen políticas de operación, mapa de riegos; a decir, en suma, si la entidad cuenta o no con estos elementos de control.

En el plan de desarrollo de este gobierno quedó establecida, en el artículo 133, la orden de fusionar el sistema de gestión de calidad con el sistema de desarrollo administrativo, dejando un solo sistema de gestión en la administración pública (…) Se busca que haya una coherencia directa entre los temas de gestión y los temas de control.

Con esta nueva versión del MECI se quiere que se vaya muy de la mano con el tema de gestión frente al tema de los controles, la administración de los riesgos y el tema de la vigilancia independiente por parte de las oficinas de control interno, para que el gerente público se apropie de manera más directa del modelo y eso es lo que estamos trabajando en este momento.

¿El modelo contempla evaluar la transparencia y detectar la corrupción?

Realmente hemos pecado mucho los líderes de la cuestión pública en el estado colombiano porque nos habíamos quedado en la medición de si cumple o no cumple. Pero en realidad no nos habíamos preocupado por si realmente eso estaba impactando en los resultados de la administración pública y si había una relación directa con evitar los temas de corrupción.

En la versión en la que estamos trabajando y está en construcción, queremos pasar de esa medición del check list, de lo tiene o no lo tiene, a mirar si realmente las entidades han cumplido. Si han cumplido con los resultados que se han propuesto. Y si esos resultados han buscado de alguna forma la satisfacción de los usuarios. Así podemos ver si realmente se está generando valor público o no.

¿Cuándo se tendría lista esa nueva versión?

El año entrante tendríamos que tener esta versión. Esa versión tiene que impactar la estructura del modelo estándar. El MECI salió en el 2005 pero la norma de creación dio 3 años para que las entidades del orden nacional lo empezaran a implementar, esto es, hasta el 2008, y a nivel territorial se dio plazo hasta el año 2010 o 2012. En el 2017, saldrá la nueva actualización.

¿Se contempla algún control específico de tipo anticorrupción?

No solo en esa área, sino que se contemplan controles para todos los riesgos en la administración de la información.

¿Qué viene con la actualización del modelo?

Esto va impactar a la administración pública y esperamos que lo haga. No es tan fácil mover al Estado. Estamos hablando de 1.100 municipios, 32 gobernaciones y estamos hablando de que debería llegarle en principio a las alcaldías, gobernaciones y entidades descentralizadas que son como 5.600 entidades del Estado, incluidas las del orden nacional, que son 192 entidades, más las juntas autónomas y corporaciones, entre otras.

¿Cuál es el aporte para la prevención de delitos de corte financiero?

El MECI tiene como objetivo fundamental la protección de los recursos públicos. Y ahí estamos haciendo un énfasis importante en el seguimiento y controles que deben hacerse en el tema financiero y contable. De hecho, en este momento estamos trabajando en una guía de auditoría financiera para los jefes de control interno, con el fin de entregar los elementos y tips claves a donde tendrían que estar mirando, haciendo análisis y acompañando a la administración para la vigilancia de los recursos públicos.

¿Sería como una auditoría forense o hay una brecha allí?

Yo creo que hay una brecha grande porque creo que el tema de auditoría forense tiene unas particularidades muy importantes y unas metodologías muy especializadas que todavía nuestros jefes de control interno no tienen. Está más enfocado como al seguimiento y valoración, que se tiene que hacer del cumplimiento de todas las políticas y lineamientos financieros, que tendría que tener el jefe de control interno. Ojalá pudiéramos tener en la administración pública auditores forenses en todos los niveles y entidades.

¿Entidad que no emplee este modelo tiene algún tipo de sanción?

Es de obligatoria aplicación. La contraloría en sus visitas los primeros que hace es pedir el informe de control interno. La contraloría hace su revisión fiscal de acuerdo con unas prioridades que establece; depende de los niveles de riesgo que ellos han mirado pueden visitar la entidad todos los años y dejar de visitarla y pasar cada dos tres o cuatro. Depende porque tampoco tienen la capacidad para llegar a la totalidad de entidades. Nosotros hacemos solo lineamiento de política y seguimiento. 

Redacción Huella Forense

Twitter @HuellaForense

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