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Una gran red detrás del lavado de activos en el comercio exterior

2017-01-16

Sistemas de control infiltrados, investigaciones que prescriben, funcionarios criminales, estructuras familiares de gran poder, son algunos de los factores que se presume intervienen en el lavado de activos en el comercio exterior. 

Huella Forense habló con Juan Ricardo Ortega -quien fue director de la DIAN-, sobre el panorama del lavado de activos en el comercio exterior desde Colombia, tema que, según el experto, es uno de los que más daño le hace al país.  Al respecto, Ortega indicó que sólo en el sector de confecciones textiles y exportaciones ficticias, este fenómeno podría llegar fácilmente a representar por lo menos 10 mil millones de dólares en el año. Así mismo señaló que, cuando estuvo en la DIAN, existía mucha evidencia de una combinación importante de la economía formal con estructuras vinculadas con el movimiento de dinero asociado a actividades ilícitas y el lavado.  

“Hay muchas situaciones que son  movimiento de dineros ilícitos sin necesariamente lavar activos. Por ejemplo, en el mercado de aceites en Colombia, se está vendiendo un billón de pesos de aceite refinado para el hogar en los barrios populares como Aguablanca, Suba, Kennedy, Fontibón, en las comunas de Medellín, y ese aceite puede ser el mismo que se reporta como exportación”, dijo.

El lavado de activos asociado al comercio exterior se da, según cuenta, por ejemplo, en sectores donde hay mucha rentabilidad y altos márgenes que no corresponden a la realidad, siendo algunos de estos el del arroz y la gasolina. También “buscan cosas que se vendan en la economía informal como cigarrillo y licores”, dijo. 

Uno de los facilitadores identificados en varias investigaciones del lavado de activos en el comercio exterior, son las estructuras familiares, indicó Ortega. En dichas investigaciones se ha identificado el predominio de relaciones con familias del medio oriente, sirio-libanesas o judías, y que son las que facilitan esos intercambios de dinero. 

Incluso explicó que en este medio “si uno necesita esconder dinero proveniente de unas ventas no reportadas a la Dian, que ocurre mucho con la gente que no factura y que vende en efectivo, puede llevar el efectivo a San Victorino y, a cambio de eso, las organizaciones le pueden entregar el dinero en otros países como Guatemala, México o Suiza”, comentó Ortega.

Se trata de operaciones parafinancieras, no falsas, según explica, y agrega que esos dineros que pueden llegar a otros países, luego retornan, si se quiere, subfacturados o por el valor real. Es en ese momento en el que se decide si lavar o no. 

“Si quieres traer el dinero sin lavar, subfacturas, con facturas falsas, productos generalmente chinos, o los traes por un valor inflado como generalmente pasa con los medicamentos, dejando unas utilidades y unos recursos lavados en Panamá. Esos son movimientos que se ven con bastante frecuencia y hay personajes que han salido en los medios de comunicación señalados de tener casas en los cerros de Bogotá, y que tienen vínculos con estas estructuras; esto es algo grande y se habla de mucho dinero”, apuntó.  

Según recordó Ortega, sobre este tema se han realizado numerosas investigaciones que finalmente nunca se concluyen o, en los mejores casos, se habla de unas condenas de 20 años con el favor de la casa por cárcel, gracias a exámenes expedidos por Medicina Legal en donde les certifican a estos delincuentes enfermedades poco creíbles. “Salen de la cárcel y evaden la casa por cárcel y luego resultan asesinados”, comentó refiriéndose al caso de José Aldemar Moncada, el ‘zar’ de la chatarra. 

Según este experto, en Colombia sobra la evidencia de que este problema existe y se ha perseguido, pero la impunidad prevalece dentro del sistema carcelario, Medicina Legal, Fiscalía y jueces, escenarios en donde los delincuentes salen triunfantes y logran que de alguna manera todo quede impune.  “A los grandes jugadores detrás de esto no los toca nadie”, recordó. 

Ortega por ello señala que no hay todavía conciencia sobre lo delicado que es este tema, “de cómo esto va menoscabando la capacidad de la gente que sí es legal y de los que sí cumplen la ley. Cuando esta gente se mete en un sector puede llegar a hacer inviable la actividad para todos los demás. Y sistemáticamente han venido ganando espacios, creo yo, en la vida política”, agrega.
Incluso, dice que las investigaciones al respecto no avanzan por la corrupción dentro del sistema judicial, por lo que recuerda cómo, durante su gestión, hubo personas que testificaron acerca de la forma en que se les ofrecía dinero para que se quedaran callados con lo que pasaba en la DIAN. Por situaciones como esta “las investigaciones se detienen, y se habla de muchas personas. Les pagan a los fiscales para que archiven las investigaciones y prescriban”, dijo.

Al respecto, Ortega insistió en que sí es posible tener un sistema judicial que funcione pero que falta voluntad. “La clave es saber quiénes son tan poderosos que pueden evitar que se consolide un sistema judicial que funcione de verdad. Y cuando digo un sistema judicial, incluyo a Policía, Fiscalía, Medicina legal, jueces, cárceles. Creo que en Colombia no hay en este momento la voluntad para que esas cosas se investiguen”, sentenció.

Adicionalmente, señaló que muchos de estos temas del lavado de activos en el comercio exterior están vinculados con el sector privado, y recordó el caso Cemex, por ejemplo, sobre el que, al parecer, nadie dice nada. 

“El caso Cemex es una cosa absolutamente protuberante y vulgar, y nadie dice nada. No hay quien señale que le preocupa que una de las empresas más grandes en el país tenga negocios con criminales y claros narcotraficantes lavadores, que les paguen millones de dólares y que no se sepa ni cómo, ni por donde… y que nadie se pregunte dónde están los 20 millones de dólares que pagaron estos tipos ¿Cómo los pagaron, qué bancos hicieron esos giros? ¿En qué cuentas están? ¿Están en Hong Kong o en dónde? ¿Cómo se les entregó una zona franca y cómo les autoriza el gobierno una zona franca a unos tipos metidos en lavado de activos? ¿Cómo se dio ese trámite? ¿Quiénes lo firmaron? ¿Cómo lo firmaron? Nadie dice nada. Hay apatía y pereza de hacer las preguntas relevantes. En cualquier país civilizado lo de Cemex habría generado preguntas y se habría puesto en evidencia la gravedad del asunto. Pero en Colombia no pasa nada”, señaló Ortega. 

A continuación, Huella Forense comparte parte de la entrevista a Juan Ricardo Ortega sobre este grave fenómeno que, según señala el experto, permea hasta los sistemas de la DIAN. 

Huella Forense: Se ha sabido que funcionarios que adelantan investigaciones contra estas estructuras resultan cuestionados por procuraduría…
Juan Ricardo Ortega:
Sí, la gente y su trabajo está toda investigada. Por ejemplo, yo tengo una investigación por corrupción administrativa. Por haber tratado de contratar con la empresa pública probablemente más seria que hay, la que maneja el despacho del sector eléctrico. Queríamos una empresa súper seria para ver si montaba los sistemas de la DIAN. 

Nosotros le llevamos al señor Procurador pruebas de cómo el sistema de la DIAN, el famoso MUISCA, había sido programado de tal forma que algo o alguien lo manejaba de manera remota, siendo posible modificar la información de los sistemas en 70 mil importaciones.

Llevamos los datos de las 70 mil importaciones de las empresas, todas vinculadas con lavado de activos y que están detrás de eso. Hay nombres de personas claramente vinculadas al narcotráfico. Evidentemente, no es confiable para el país que sus propios sistemas administrativos estén penetrados por el crimen organizado. 

Esa investigación al día de hoy no ha avanzado y los sistemas siguen idénticos, siguen siendo los mismos, y quién sabe cuántas importaciones adicionales las organizaciones criminales han introducido así. A mí me estaban investigando por malgastar los recursos públicos y por haber tratado de contratar a esa empresa porque, supuestamente, había algunos intereses oscuros contratando a una entidad pública. La contratación que se dio fue detenida, está el diagnóstico y toca invertir como 100 millones de dólares en sistemas para poder solucionar el sistema. 

¿Cuáles son las alertas que se están dejando pasar? 

Revise las exportaciones a Venezuela en el periodo 2004-2008, mire cómo crecieron e investigue dónde están hoy las empresas que hicieron esas exportaciones; todas desaparecieron. Muchas eran de Córdoba y se exportaron pieles de ganado como si todas las vacas en Colombia estuvieran desnudas. Y los números son ridículos. Si se calcula el número de pieles exportadas todas las vacas estarían en tanga. 

Vea el caso Cemex…es una ridiculez lo que exportaron …y no pasa nada. Tuvieron un brinco de dos mil millones de dólares en exportaciones a seis mil millones de dólares. Apenas se cayeron estas exportaciones empezaron a crecer las de oro… y a todo el mundo le parece normal que de repente se pase de 12 toneladas a 70 toneladas de oro en las exportaciones. 

Hay muchas cosas anómalas, como lo fue el crecimiento de las remesas también. De un momento a otro brincan las remesas. Todos estos son temas de lavado, pero no se cuenta con la fuerza o el personal, con las competencias, el interés, la integridad de hacer algo al respecto de manera estructural. 

¿Cuál es ese perfil que deberíamos estar buscando para poder perseguir estos delitos?

Tendríamos que tener mucha gente, muy seleccionada, en las visitas domiciliarias, las declaraciones de bienes de activos y pasivos jurada, y alguien que las verifique continuamente en cuentas bancarias. Unos cuerpos élite de varias instituciones donde la gente pueda confiar la una en la otra y se les dé los medios y la protección para que puedan investigar a fondo. 

El punto es si la gente en el país cree que es importante evitar la delincuencia y mi sentir es que no parece ser así. Se sigue facilitando el delinquir a través de una cantidad de regímenes como la zona especial de La Guajira, como las zonas francas especiales, que la verdad no tienen sentido y que son difíciles de justificar… Intelectualmente es difícil. 

Sería fascinante que personas jóvenes trataran y demandaran constitucionalmente muchos aspectos. Por ejemplo, cómo puede ser que en Colombia la Constitución permita que todo beneficio fiscal sea aprobado por el Congreso de la República (…) porque dejar a alguien sin pagar impuestos es idéntico a gastar plata. El punto es que se otorga la facultad de entregar beneficios tibutarios a unas personas que claramente no son idóneas. 

Las consecuencias sobre este tema son muy grandes, pero ¿Cuáles diría que son las principales a nivel país? 
 

Cuando usted no tiene un estado de derecho y cuando la ley no se aplica, y no se le aplica a quienes tienen la fuerza y el poder, los derechos de propiedad se vuelven muy frágiles.  Y si los derechos de propiedad son frágiles, proyectos que generen empleo y que sean buenos no se darán. Usted tiene unos niveles de inversión bajos y la inversión es la única que lleva a que una sociedad prospere.

Las fallas en las instituciones jurídicas y judiciales evitan la prosperidad de una nación y la capacidad de hacer proyectos importantes. 
Colombia es un país que debería ser próspero, que podría ser desarrollado y que no lo es. El 70 por ciento de la población tiene ingresos muy bajitos por culpa de que se sostienen unas estructuras cuasi criminales muy enraizadas en la administración del Estado que tienen ‘patas’ en la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Policía, DIAN, Ejército. Esto hace que mucha gente honesta, que la hay en todos lados, siempre esté expuesta a unos riesgos personales altos porque usted no sabe quién se sienta a su lado. 

Redacción Huella Forense 

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